El dilema ético que plantea este documento se centra en dos problemáticas que han
sido propuestas por los profesionales del Plan de Ciudadanía e Inmigración y de los Servicios
Sociales Básicos. En primer lugar plantea en qué casos estos profesionales tienen que dar
información sobre el programa de retorno asistido a las personas que se dirigen a los servicios y,
en segundo lugar, plantea la cuestión de cuando y como el profesional tiene que emitir su opinión
profesional sobre la conveniencia de las personas atendidas de acogerse a este programa.
