Algunas personas con diversidad funcional intelectual tienen necesidades afectivas y sexuales que requieren un servicio, apoyo o acompañamiento externo, por ejemplo de un o una asistente sexual u otros servicios especializados, y la familia o el tutor no se lo ofrecen porque niegan la sexualidad de la persona o no están en contra de este tipo de apoyo por cuestiones morales. ¿Qué hacer en estas situaciones? ¿Es éticamente y jurídicamente correcto que los profesionales faciliten este apoyo sin el conocimiento y, por tanto, autorización de la familia o del tutor?
Este documento, redactado y aprobado por el Espacio de Reflexión Ética de la Fundación Pere Mitjans, intenta dar respuesta a estas cuestiones.